Fellow LSE e investigador Fundación Piensa.
Un permiso de edificación activa decisiones de financiamiento y compromete capital durante años. Sin coordinación municipal, reglas estables y acuerdos previos sobre dónde y cuánto construir, menos empresas asumirán ese riesgo. El resultado puede ser una regulación aparentemente más permisiva, pero con pocos proyectos capaces de materializarla.
La pregunta de fondo no es solo cuánta postventa existe, sino qué tipo aparece, cuán grave es, cuánto demora en resolverse y si la empresa responde bien o no. Para ello, se necesita un índice bien diseñado, que mida esas dimensiones y garantice comparabilidad y trazabilidad entre empresas de distinto tamaño y tipo de proyecto.
La discusión actual asume que la única respuesta al adulto mayor que no puede pagar es eximirlo, una premisa que achica el debate y, peor aún, la base que financia el funcionamiento municipal. Además, abre la puerta a nuevas exenciones, como la primera vivienda, cuyo costo podría superar el 20% de lo recaudado.
En redes sociales ha surgido un personaje nuevo: el influbroker, que vende departamentos con estética de influencer, videos brillantes y promesas de oportunidades difíciles de ignorar.
La herencia del gobierno se resume en cifras que camuflan falencias y pocos resultados. Esto puede extrapolarse a otros proyectos, como el “Gas a Precio Justo”, el anuncio de la condonación del CAE y la implementación de los SLEP en regiones.