Chile debe ofrecer una normativa atractiva para competir con los mecanismos de estabilidad e invariabilidad existentes en Perú y Argentina, especialmente cuando el gobierno trasandino ha promovido un conjunto de disposiciones particularmente atractivas para captar inversión extranjera.
Desde la perspectiva del inversionista, postergar la firma del convenio deja de ser una demora y pasa a convertirse en una decisión financieramente racional. Cada año de espera permite asegurar una menor carga tributaria durante toda la vigencia del contrato.
Sorprende que parte importante de la discusión pública se haya concentrado en un supuesto "congelamiento" de la recaudación futura, cuando el verdadero efecto de la invariabilidad parece ser bastante más acotado. Antes de atribuirle un costo fiscal que podría comprometer a futuras administraciones, convendría distinguir entre una disminución efectiva de la carga tributaria y una simple modificación en el calendario de pago de los impuestos.
Más que el resultado de un diseño técnico cuidadosamente elaborado, la nueva disposición refleja el desenlace de una negociación política en la que cada actor procuró resguardar sus propios objetivos. Y, como suele ocurrir en política tributaria, las convicciones técnicas terminaron cediendo espacio a las concesiones propias de todo acuerdo.
La formalización tiene un valor que trasciende lo estrictamente tributario. Incorporar a estos pequeños emprendedores al sistema formal constituye un reconocimiento de su actividad económica y los aleja de la informalidad y de la ilegalidad.
El éxito de esta ley no debiera medirse por su capacidad para mantener intacta la caja fiscal, sino por su aptitud para reactivar la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Porque, en definitiva, es una economía dinámica la que termina generando mayores oportunidades para las personas y, también, una recaudación fiscal más sólida y sostenible.
En definitiva, la pregunta no es si la invariabilidad tributaria, por sí sola, genera inversión. La verdadera interrogante es si un país que depende significativamente de la inversión extranjera puede darse el lujo de prescindir de herramientas que contribuyan a fortalecer la confianza de quienes evalúan invertir en él.
Quizás el verdadero debate no sea si los actos ilícitos deben pagar impuestos, sino si estamos dispuestos a aceptar que el derecho tributario y el juicio moral no siempre avanzan por el mismo camino.
La discusión sigue abierta. La respuesta que entregue el SII y la evaluación que posteriormente realice la Contraloría permitirán determinar si estamos frente a un simple cambio de criterio administrativo o ante una cuestión más profunda: si el ordenamiento jurídico chileno admite, en definitiva, que lo ilícito también pueda ser objeto de tributación.
Para reactivar la economía, el Gobierno apuesta por aliviar cargas tributarias a las empresas. La paradoja: el Estado reconoce que reducir sus propios impuestos es la mejor herramienta para crecer.