Durante años escuchamos al oficialismo afirmar que “la credibilidad de las víctimas” debía ser un principio rector de la política pública. Sin embargo, cuando el caso afectó a una figura central del propio gobierno, ese principio desapareció de escena. La reacción fue tardía, ambigua y marcada por una evidente preocupación por los costos políticos.
El episodio Steinert no revela un problema institucional o jurídico, sino una señal temprana de fragilidad comunicacional en el gobierno entrante.
¿Qué ocurre con los jóvenes que destacan en la PAES, pero cuya trayectoria no encaja en el relato de la exclusión que ha sido predefinido para validar el mérito? Al restringir el reconocimiento solo a ciertas biografías “autorizadas”, se invisibiliza la diversidad de historias de superación que atraviesan a la sociedad.
El desafío del próximo gobierno no es negar las demandas de las mujeres ni asumir una agenda identitaria, sino reformar el Ministerio de la Mujer para que vuelva a resolver problemas concretos.
Advertir que la tragedia que hoy vive Venezuela es resultado sobre todo de un régimen que ha despreciado la democracia representativa, los derechos humanos, y el orden internacional es una exigencia mínima de honestidad intelectual. Cuando se renuncia a pensar la historia con matices y causalidades que son sumamente complejas, la política se transforma en puro moralismo selectivo. Y ese tipo de ceguera nunca sale gratis.
Cuando el feminismo se transforma en una herramienta de cancelación selectiva, deja de ser emancipador y se convierte en un dispositivo de poder más.
Desdramatizar la frase “sin Allende no hay Pinochet” no es revisionismo ni negacionismo: es rehusar la infantilización moral de nuestra memoria histórica.
Si Kast triunfa, será responsabilidad de todos, pero sobre todo de quienes encabezan el proyecto de cambio.
Jara y el oficialismo no comprenden que los chilenos no solo quieren seguridad, sino que, sobre todo, quieren orden, disciplina e imperio de la ley. Quieren distinción entre víctimas y criminales. La pulsión ciudadana exige a la autoridad hacer cumplir la ley y distinguir lo que es una conducta lícita de la que no lo es, premiando la primera y castigando la segunda.
La nueva degradación institucional que ha sufrido la AC hoy parece sugerir que el nuevo Congreso haría bien en evaluar seriamente su derogación a partir de marzo, ya que hoy no existe, lamentablemente, el piso mínimo de ética política requerido para fiscalizar en propiedad.