Los vendedores ambulantes no son enemigos del orden, simplemente no lo conocen. Son, en muchos casos, víctimas de un sistema laboral que los excluye y de un aparato estatal incapaz de integrarlos. Prohibirlos sin alternativa es criminalizar la necesidad. Legalizarlos sin criterio es institucionalizar el caos.
La discriminación etaria que plantea la Ley 21.724, publicada en enero de este año y que obligará, a partir del 1 de enero de 2027, a retirarse de sus cargos a los funcionarios públicos —con exclusión de parlamentarios y ministros— al cumplir 75 años, obliga también a revisar, en cada área, cuáles obras o hechos influyentes sencillamente no habrían existido nunca.
San Pedro se convirtió en la zona de sacrificio del Desierto de Atacama. Ignoro si fue por decreto o por dejación. Ignoro si hay o no consciencia de ello a nivel administrativo. Por ahora es lo que hay, y no le veo una pronta salida, a este callejón sin salida.