Bachelet ya definió a su adversario, el presidente Kast, y su propósito: defender los derechos sociales alcanzados. Ahora es el turno de La Moneda de mover sus piezas y decidir si utilizará ese liderazgo para recuperar contraste o permitirá que Bachelet defina los términos de una disputa que podría devolver a la oposición al poder.
Si el centro sigue definiéndose por con quién aliarse, llegará a 2029 en la misma posición de 2021 y 2025: aportando votos en segunda vuelta y ministros al día siguiente, para un proyecto que definieron otros.
El Presidente necesitará reservar autoridad para arbitrar decisiones y capital político para defender y capitalizar resultados. Si sigue usando ambos recursos en la contingencia semanal, tendrá menos espacio para conducir las discusiones que definirán su gestión. Y legado.
Boric incorporó distintas fuerzas a su administración, pero nunca dotó a ese conjunto de una identidad política que superara a Apruebo Dignidad y al Socialismo Democrático. Kast enfrenta un desafío semejante: administra partidos, coordina ministros y negocia en el Congreso, sin que de esa coordinación emerja una coalición capaz de proyectarse más allá de su Gobierno.
Una demanda ciudadana entrega fuerza siempre y cuando el gobierno sea capaz de interpretar sus límites.
Los conservadores, construyen su promesa en base a una referencia concreta. Recuperar el orden, volver a crecer, controlar las fronteras o vivir nuevamente con seguridad remite a algo que el ciudadano siente que tuvo y perdió.
Durante cuatro años gobernó en minoría parlamentaria y construyó acuerdos con la oposición para sacar adelante reformas relevantes. También pidió una y otra vez que la oposición abandonara la lógica del bloqueo permanente. Gobernar parecía haberle enseñado que negociar no era una renuncia al proyecto político, sino la condición para hacerlo posible.
La mayoría de los chilenos dice sentirse orgullosa de serlo y se identifica con Chile sin reservas. Y sin embargo, no compartimos una misma identidad.
Mientras el gobierno instala un marco que disputa directamente el de derechos universales e identitarios del ciclo anterior, la oposición no tiene relato propio y deja que el terreno conceptual se defina sin respuesta.
Una eventual aprobación inhabilita a Grau por cinco años, pero el daño real no es el cargo público que pierde. Es el ostracismo político que históricamente acompaña a los acusados, que quedan marcados como los responsables últimos de aquello que se les imputa. Para Grau, significa cargar con la responsabilidad simbólica del deterioro fiscal que enfrenta la administración Kast.