Más allá de los tironeos en las partidas y las victorias simbólicas, el verdadero desafío está en determinar si este presupuesto fue elaborado con números sólidos o con exceso de creatividad técnica.
Cada elección, por pequeña que sea, reordena los incentivos del Congreso y del Ejecutivo. Lo que antes era cálculo político hoy parece ser supervivencia.
Elegir buenos parlamentarios es mucho más que elegir nombres; es apostar para que las discusiones que nos definen como país —sobre seguridad, crecimiento, derechos o libertades— se den con el nivel, la altura y el rigor técnico que Chile merece.
Con la misma seguridad con que se anuncian reformas que nunca despegan, insistió en mantener su proyecto “tal cual”, como si la crítica técnica fuera un mero capricho político.
En política, como en la aviación, hay algo peor que una turbulencia: que el piloto decida soltar los controles antes del aterrizaje. Eso parece estar ocurriendo con un Gobierno que, a menos de seis meses de despedirse, parece haberse convencido de que ya aterrizó.
Desde antes de la presentación del proyecto, se advertía la necesidad de contar con certeza en las cifras. La experiencia de los últimos años lo demuestra: proyecciones optimistas que luego deben corregirse, ingresos sobrestimados y gastos subestimados.
La exigencia de control y orden no es sinónimo de represión indiscriminada, ni de desprecio por los derechos humanos; es, simplemente, el reconocimiento de que la convivencia requiere reglas claras y mecanismos efectivos para hacerlas cumplir. Ignorar esto es, como hemos visto, un lujo que los ciudadanos pagan caro.
Un país con un balance incierto, una deuda pública al alza, sin avances concretos en empleo, salud o seguridad, y con un presupuesto que compromete el futuro más que resolver el presente.
Ya hemos vivido la experiencia de ingresos que nunca llegaron y gastos subestimados que después explotan como deudas escondidas. No sería deseable que, en marzo de 2026, la nueva administración se encuentre con sorpresas debajo de la alfombra que pongan en jaque las arcas fiscales. Si queremos una transición ordenada, la sinceridad debe ser la primera partida del presupuesto.
Los incentivos en el sector público solo funcionan si están asociados a resultados medibles y a una gestión eficiente, donde se corrigen los errores. Cuando se convierten en un derecho adquirido, más parecido a un pago rutinario que a una recompensa por mérito, dejan de ser una política de recursos humanos y se transforman en un símbolo de privilegio.